La Constitución Política de un país,
en este caso México, es de suma importancia para la existencia del
mismo. La Carta Magna
dicta la organización de
un Estado,
de una sociedad.
Sin la existencia de una Constitución, el Estado no
se podría conformar como tal, de ahí la importancia de analizar los aspectos
más importantes de una Constitución.
La constitución es la ley fundamental
de un Estado en la cual se establecen los derechos y obligaciones de
los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o
precepto puede estar sobre ella. La Constitución, o Carta Magna,
es la expresión de la soberanía del
pueblo y es obra de la Asamblea o Congreso Constituyente, por lo cual en este
estudio buscamos encontrar la verdadera esencia de la Constitución Mexicana,
los elementos que la integran, su finalidad, sus características, los tipos de
constituciones que ha tenido, quienes y con qué objeto las elaboran; así como
un enfoque más concreto hacia
el análisis de
la Constitución Mexicana actual.
Una nueva Constitución liberal se estrenó en México
en 1857. Inspirada en ella, se promulgó la Constitución estatal del mismo año
que retomó los principios federales de la de 1824 pero otorgó facultades más
amplias al poder Legislativo, prohibió que los eclesiásticos fueran diputados e
introdujo cambios a los fueros y privilegios de las corporaciones religiosas.
Para la consolidación de un Estado moderno y el
progreso económico, los liberales consideraron condición ineludible la
confiscación de los bienes del clero y de toda corporación con el fin de poner
en movimiento la propiedad, y promulgaron la Ley Lerdo (1856) sobre
desamortización de bienes eclesiásticos y civiles, y la Ley de nacionalización
de los bienes del clero (1859). Sobre la misma materia, en Zacatecas se
promulgaron varias leyes entre 1856 y 1860; las más sobresalientes fueron las
de confiscación y venta de los bienes eclesiásticos que provocó el rechazo
conservador.
González Ortega impulsó el cumplimiento de las
leyes nacionales y estatales que tuvieron como meta original la creación de
pequeños propietarios. Sin embargo, contrario a su propósito, estaban
propiciando aún más el enriquecimiento de los grandes propietarios,
independientemente de su credo político liberal o conservador.
Las leyes liberales provocaron conspiraciones del
clero en contra del gobierno estatal. La Ley de nacionalización fue
particularmente repudiada, y como respuesta al gobierno el clero abandonó la
capital y, para soliviantar a los feligreses, suspendió el culto. El gobierno
replicó con el decreto que establecía que los conventos abandonados se
integraran a las propiedades del Estado.
Paralelamente ocurrían acontecimientos de
repercusión nacional. A fines de 1857 apareció el Plan de Tacubaya, oponiéndose
a la Constitución que motivó la erección en diputación permanente del Congreso
estatal, integrada por José María Castro, Francisco Parra y González Ortega, la
concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo y el respaldo a Benito
Juárez, quien como presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la renuncia de
Ignacio Comonfort, correspondía asumir la presidencia de la República. Por su
parte, los conservadores, dirigidos por Vicente Hoyos y Fernando Velasco, se
adhirieron al plan sin lograr el control militar de la entidad.
Entre los liberales zacatecanos hubo fricciones
permanentes; el cambio sucesivo de hasta cinco gobernadores adeptos al
liberalismo durante 1858 demuestra el clima de inestabilidad. A González Ortega
correspondió el mérito de mantener un alto grado de cohesión entre las
facciones liberales durante los años de la guerra de Reforma, hecho que
permitió a Zacatecas contribuir decisivamente, con hombres y recursos, al
triunfo de la causa liberal. El mismo general se convirtió en el héroe de la
batalla de Calpulalpan, luego de la cual se reinstaló el gobierno
constitucional en la ciudad de México.
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